Banco Nacional
Banco Nacional
Codigo de identificación: 4362-1

Finca
Fue utilizado como

Agropecuaria

Lote

272,968.40 m2

Construcción

0.00 m2

Precio

₡ 139,073,271.97

Venta Directa

*Oferta en sobre cerrado

Folio

7-103693-000

Presenta Condición Especial

Ubicación

...
Provincia

Limón

Cantón

Guácimo

Distrito

Río Jiménez

Residencial

Cartagena

Dirección exacta

Cartagena, De La Escuela Cartagena, 1.1 km rumbo sureste, cruza Río Platanar, inmueble margen derecho. Waze https://waze.com/ul/hd1ud2un4y

Descripción

Se trata de una finca de vocación agropecuaria de forma irregular y de topografía plana, posee agua natural (yurro o crique) y calles internas, esta propiedad cuenta con frente a calle publica de lastre, para llegar al bien de debe cruzar rio, se necesita vehículo 4x4. Nota 1: La propiedad cuenta con trabajo topográfico, sin embargo, muchos de los mojones ya no se localizan en sitio y de acuerdo a los linderos existentes de la propiedad que se componen de cerca viva con alambre de púas, en algunos sectores la misma se encuentra dañada o inexistente, le corresponderá al eventual adjudicatario, las gestiones correspondientes para reponer las cercas, así como los gastos que esta gestión genere. Nota 3: Según avalúo la propiedad no tiene disponibilidad de los servicios públicos por lo que el eventual adjudicatario de la propiedad debe realizar las gestiones correspondientes para la instalación, (en caso de ser posible) de los servicios públicos, así como asumir los gastos que esta gestión genere. El Banco Nacional de Costa Rica vende este inmueble con base en el plano L-0645242, que está inscrito en Catastro y está relacionado con este inmueble, así como con el avalúo 214-70604010369300-2018-R realizado por Gilberto Vásquez Hernández y el cartel de venta. El comprador acepta el terreno con los linderos y las medidas señaladas en el cartel de venta, las cuales se indican en el avalúo supra indicado de la propiedad de acuerdo al plano catastrado y a lo que indica el estudio del Registro Nacional; cualquier diferencia de cabida existente contra la comprobación de campo, quedará a discreción del comprador realizar los trámites legales para su reposición o rectificación. El Banco Nacional advierte a los interesados en presentar oferta formal por el bien, que el inmueble matrícula folio real 7-103693-000, soporta el siguiente practicado el cual se encuentra inscrito bajo las citas 800-260243-01-0001-001, demanda ordinaria la cual se encuentra inscrito bajo las citas 800-173055-01-0001-001, Advertencia Administrativa se utilizan citas para consignar nota de advertencia finca 7-103693 VER EXP 2014-0536-RIM. A efecto de aclarar las inquietudes presentadas, nos referimos de la siguiente manera: Con relación al expediente no. 07-160-507-AG-1 se trata de “PROCESO AGRARIO ORDINARIO DE RESTITUCIÓN E INDEMNIZACIÓN DE UNA FINCA AGRARIA Y SOLICITUD DE EXPULSIÓN DE LOS SEÑORES FABIO SOTO SALAZAR, GERARDO SOSA MADRIGAL Y OTROS”, incoado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Pococí y Guácimo”. La Petitoria consiste en lo siguiente: “Acoger la presente demanda en todos sus extremos de RESTITUCIÓN E INDEMNIZACIÓN DE UNA FINCA AGRARIA, de lo antes expuesto y fundamentos legales dichos, que se le notifique a los denunciados señores Fabio Soto Salazar, Gerardo Sosa Madrigal y a la Licda. Lilliam Solano Cruz, Jorge Erick Castro Cerdas y Melania Vega Cordero, en las direcciones dichas. Solicito desde ahora una inspección ocular de la finca en conflicto por lo que solicito se dicte hora y fecha para tal diligencia. Asimismo téngase como mi representante Legal al Lic. Edwin René Hidalgo Somarribas, mayor, Abogado, carne 7272, cédula de identidad 1-600-621, Quién desde ahora acepta el cargo conferido. Asimismo, que se les condene al pago de los daños y perjuicios y ambas costas del proceso. ESTIMACIÓN DEL DAÑO Y PERJUICIO CAUSADO. (…) “de DOS MILLONES DE DÓLARES MONEDA ESTADOUNIDENSE DE CURSO LEGAL, sin perjuicio de actualizar una vez que haya obtenido sentencia firme”. La demanda versa sobre invasión de la finca del partido de Limón, matrícula de folio real No. 103693-000 e indica: “que de conformidad con el expediente judicial No.06-294-164-Ci, que es Proceso Sucesorio de Jorge Martínez Segura, el despacho autorizó la puesta en posesión de la finca del Partido de Limón, matrícula de folio real número 4790-000, que sita en el Distrito 02 Jiménez, cantón 02 Pococí al Albacea de la Sucesión señor Fabio Soto Salazar, y así mediante un croquis que se exhibe de la finca, y por boca del supuesto Albacea ponen en posesión a éste, en la finca del partido de Limón matrícula de folio real número 102693, que sita en el distrito 04 Río Jiménez, Cantón 06 Guácimo, propiedad de mi representada, aporto desde ahora copia de dicha resolución notarial, permitiendo dicha actuación de la Notaria Solano Cruz, que el señor Fabio Soto Salazar tomara parte de la finca de mi representada, ocasionándole un serio perjuicio a mi representada COSTA FLORES, ello en virtud de NO ESTAR AUTORIZADA POR EL JUZGADO CIVIL QUE CONOCE EL SUCESORIO (…)”. En dicho proceso el señor Fabio Soto Salazar contesta la demanda y Contrademanda en ese mismo proceso contra el Banco Nacional de Costa Rica en los siguientes términos. La relación de hechos indica: “1.- Consta de la contra-demanda inicial de este proceso y de toda la prueba pericial y documental que aporte, que la finca 103693-000 del partido de Limón, propiedad actualmente del BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, y adquirida mediante un remate que se efectúo ante la ejecución de una garantía hipotecaria que sobre ella había constituido la empresa COSTA FLORES S.A., nació como consecuencia de un traslape a la finca 4790-000 del partido de Limón de mi propiedad, durante la época que estuvo inscrita a nombre de mi transmitente JORGE MARTÍNEZ SEGURA. 2.- Desde que se inició este proceso constaba en el Registro Nacional, la existencia de la hipoteca mencionada a favor del Banco Nacional de Costa Rica, por la cual en la contrademanda se solicitó se le tuviese como parte a ese banco y se ordenara notificarle, lo cual éste despacho había omitido resolver hasta recientemente que anote la demanda sobre esa finca. 3.- El Banco Nacional de Costa Rica, puso en ejecución su crédito hipotecario dentro del expediente judicial 13-000276-1209-CJ del juzgado de Cobro Judicial de esta localidad, el cual se la adjudicó sin indicar que tenía que soportar la anotación de ésta demanda porque este Juzgado, según consta en autos no lo había ordenado pese a haberse solicitado desde hace varios años. 4.- La finca 4790-000 mencionada es una finca que nació con anterioridad a la del Banco Nacional de Costa Rica número 103693-000, y la inscripción del sector traslapado de la finca 4790-000 como parte de la finca 103693-000 es absolutamente nulo por estarse inscribiendo a nombre de un tercero, un inmueble ya inscrito con anterioridad, y recayendo en ese sentido sobre cosa ajena. 5.- El remate del sector traslapado de la finca 4790-000 dentro de la finca 103693-000, que se hizo en el Juzgado de Cobro antes mencionado, es absolutamente nulo, pues ese inmueble, cuando fue dado en garantía por COSTA FLORES S.A. al Banco Nacional de Costa Rica, no le pertenecía en cuanto a ese sector, y por lo tanto al suscrito, me corresponde el mejor derecho de poseer y de propiedad sobre ese sector de traslape, con respecto a la empresa COSTA FLROES S.A., y al BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. 6.- El Juzgado de cobro judicial autorizó la puesta en posesión de la mencionada finca 103693-000 (INCLUYENDO EL SECTOR TRASLAPADO) Y GIRÓ UNA ORDEN A LA Fuerza Pública, por lo cual corroí el riesgo de ser desalojado, de mi finca, mediante la puesta en posesión al banco de la misma, con un número producto de un traslape, hasta que el Tribunal Procesal Administrativo, ordenó a mi favor la medida Cautelar por la cual se ordenó suspender cualquier acto de puesta en posesión dentro del mencionado proceso cobratorio, medida cautelar que deberá ser acumulada en su oportunidad a este expediente judicial. 7.- Que siendo la Finca 4790-000 una finca antigua, que se inscribió en la época que no era exigido el plano catastrado, al inscribirse la finca 103693-000 con un plano catastrado que traslapa en parte la primera, le ha impedido a la finca 4790-000 actualizarse registrando un plano catastrado de su área según registro, y por lo tanto ha causado en ella una parálisis registral al impedirse la inscripción de todo tipo de movimientos y asientos registrales y catastrales, hasta tanto se registró un plano de la misma, la cual no se puede hacer hasta tanto se ordene la des inscripción registral y catastral del sector traslapado, que identifica el peritaje realizado por el ingeniero Juan Carlos Martínez Meléndez y que forma parte de este expediente judicial en las pruebas ofrecidas por el suscrito”. Contrademandó al Banco Nacional de Costa Rica por los hechos mencionados y de conformidad con el Código Procesal Contencioso Administrativo. Como Petitoria solicitó: “1. Se declare con lugar esta contrademanda, en todos sus extremos. 2. Se declare que el sector que traslapa la finca a nombre del Banco Nacional de Costa Rica 1036903-000 del partido de Limón de la finca de mi propiedad 4790-000 del Partido de Limón, es de mi propiedad y que tengo mejor derecho de poseer y como titular de dicho terreno y así se ordene inscribir. 3. Se ordene desinscribir registral y catastralmente el sector que traslapa la finca 103693-000 mencionada a la finca 4790 ordenándose en ese sentido al Catastro Nacional y al registro de Bienes Inmuebles la reducción del área que comprende el mencionado traslape del área registral y la nulidad del plano Catastrado sobre dicha finca 103693-000. 4. En caso de oposición se condene al Banco contrademandado al pago de ambas costas de esta acción. Se estima esta contrademanda en la suma de cuatrocientos millones de colones”. Concedida la audiencia de ley, el Banco Nacional de Costa Rica procedió a contestar la demanda incoada, procediendo a rechazar los hechos, y admitiendo que en efecto el Banco Nacional de Costa Rica se adjudicó el inmueble del partido de Limón bajo la matrícula de folio real no.103693-000, bajo el expediente no. 13-000276-1202 –CJ. Se hizo ver que no le consta al Banco las manifestaciones de la Actora sobre las gestiones judiciales que ha llevado a cabo en el proceso y tampoco le corresponde a la Institución referirse a ello. Se estableció respuesta a cada uno de los hechos y se establecieron las excepciones de Falta de Integración de Litis Consorcio Pasivo Necesario, solicitando que en virtud del Principio de Publicidad y sobre “el fondo del presente proceso, es un potencial daño al actor derivado de la situación registral y catastral de los inmuebles del Partido de Limón matrículas números 103.693-000 y 4790-0000, a efecto de determinar si realmente existe un traslape sobre los inmuebles , y en consecuencia, determinar la causa del mismo, y eventuales responsabilidades. Siendo que tanto el actor como el Banco alegan ostentar derechos reales de propiedad derivados de la Publicidad Registral, es necesario traer al proceso a la Institución que por ley tiene encomendado la inscripción de los derechos de propiedad sobre bienes inmuebles así como el sistema de catastro nacional”, se llame al proceso al Registro Público de la Propiedad de forma que aclare el tema de la doble inmatriculación de fincas, situación de fondo que sirve como nexo causal de la situación que se está conociendo en el proceso. Igualmente se interpuso las excepciones de Falta de Legitimación Ad Causam Activa y Causa de Legitimación Ad Causam Pasiva, Falta de derecho, por considerarse que no lleva razón el recurrente en cuanto al fondo del asunto. Como Petitoria se estableció. “a) Se tenga por contestada en forma negativa la presente demanda, por parte de mi representado. a) Se declare sin lugar en todos sus extremos la demanda incoada en contra del Banco Nacional de Costa Rica. b) Se declare al Banco Nacional de Costa Rica libre, y exento de toda responsabilidad, producto de la situación acaecida con las fincas objeto del presente proceso. c) Se condene al actor al pago de ambas costas de este proceso”. A la fecha el despacho no ha citado a audiencia de juicio en el proceso. Igualmente, con relación al asunto, posteriormente, mediante expediente judicial no. 15-000081-0507-AG en ese mismo despacho judicial, se tramita Medida Cautelar Anticipada, incoada por Fabio Soto Salazar, contra el Banco Nacional de Costa Rica. Mediante escrito de fecha 26 de septiembre del año 2015, el señor Fabio Soto Salazar estableció MEDIDA CAUTELAR AGRARIA PROVISIONALÍSIMA PRIMA FACIE contra el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, y solicitó expresamente: “… se ordene al BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, suspender cualquier acción judicial o extrajudicial que conlleve el desalojo del suscrito y de los empleados que en ella trabajan de la finca 4790-000 y que se encuentra materialmente según indica el catastro nacional en la ubicación que describe el plano de la finca 103693-0000 del partido de Limón del Banco Nacional de Costa Rica. Se me nombre depositario judicial de la finca 4790-000 y de la finca 103693-000, entendido que el área que ocupan las mismas se trata del mismo que describe el plano catastrado inscrito de la última. Se anote esta medida cautelar y se le ordene al Registro Nacional no inscribir documento alguno de traspaso sobre ninguna de esas dos fincas hasta que resuelva el proceso ordinario agrario que se planteara dentro del término de ley. Se le ordene al Banco Nacional de Costa Rica, abstenerse de realizar cualquier acto jurídico o material, que tienda a modificar la situación registral y material actual de las fincas”. En escrito de fecha 12 de mayo del año 2015, el Banco Nacional de Costa Rica procedió a contestar la solicitud de medida cautelar incoada. En esta ocasión, se rechazaron los hechos y se hizo ver la improcedencia de la medida cautelar, se solicitó contracautela conforme el artículo 7 de la Ley de cobro Judicial con relación al artículo 273 del Código Procesal Civil, y se solicitó se rechace en todos sus extremos la solicitud de medida cautelar. Se hizo ver que el trámite de la medida que se invoca corresponde su presentación en el expediente 07-160164-0507-AG y no en uno aparte como lo hace la actora, con desconocimiento del estado del mismo, ello conforme se desprende del hecho “2”)de la medida cautelar presentada. Se hizo ver a la Autoridad Judicial que sobre la finca ya pesa una anotación de demanda al tomo 800-173055-012-0001-001 en virtud del proceso Ordinario No. 07-160164-0507-AG en virtud del expediente, cuya fecha de inicio registra el 19 de septiembre del 2013. Mediante AUTO-SENTENCIA No.103-2015 de las ocho horas y veinte minutos del once de setiembre del dos mil quince, el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, resolvió RECHAZAR la solicitud de MEDIDA CAUTELAR, solicitada por FABIO SOTO SALAZAR contra el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. El accionante Soto Salazar presentó Recurso de Apelación ante el Tribunal Agrario, siendo que este mediante el Voto No. 1057-F-15 de las ocho horas y veintitrés minutos del diecinueve de octubre de dos mil quince, resolvió revocar la resolución apelada y en su lugar dispuso la continuación de diligencias de prueba anticipadas y medidas cautelares. La razón del rechazo fue por cuanto estimó la Autoridad Judicial que no hay elemento alguno de prueba que le permita determinar si sobre el inmueble en disputa existe o no actividad agraria que está desarrollándose. Aduce no se practicó el reconocimiento judicial respectivo por culpa del gestionante y por ello simplemente resuelve por el fondo lo solicitado rechazando la medida. No comparte el Tribunal la forma de resolver por cuanto prácticamente lo que está haciendo el juzgado es denegando el acceso a la justicia. Podría decirse indica la Autoridad Judicial “se trata de un rechazo de plano de lo solicitado”. El rechazo del Juez se produjo inicialmente por cuanto la parte actora no coordinó para realizar la inspección denegando diligencia en el asunto. Posterior a dicho voto mediante la resolución de las siete horas y cuarenta y ocho minutos del diecisiete de noviembre del dos mil quince, el Juzgado Agrario del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, fijó el día DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS A LAS NUEVE HORAS, para llevar a cabo el reconocimiento judicial. Igualmente, en este caso el Banco se presentó, pero la parte Actora tampoco coordinó. Posteriormente mediante la resolución de las ocho horas y diecisiete minutos del doce de abril del dos mil dieciséis el Juzgado Agrario antes citado, le concedió tres días a la parte Actora para que indique si tiene interés en señalar nueva hora y fecha para el reconocimiento. Contra dicha resolución el Banco Nacional de Costa Rica presentó recurso de revocatoria toda vez que en dos ocasiones ya el actor no coordina para la diligencia de reconocimiento, sin mostrar interés alguno, siendo que ello genera incerteza jurídica y produce gastos a las partes. El Juzgado Agrario del II Circuito Judicial rechazó el recurso, pero indicó tener por hechas las manifestaciones del Banco. En tal caso por haberlo solicitado la actora nuevamente fijó el VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS A LAS NUEVE HORAS, para llegar a cabo el reconocimiento judicial, nuevamente justificó impedimento para asistir la actora y el Juzgado fijó el CINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS A LAS NUEVE HORAS, para llevar a cabo el reconocimiento. El reconocimiento judicial se realizó y el Juez lo suspendió toda vez que el señor Fabio Soto Salazar no pudo identificar uno de los límites de la propiedad y además externó que el tercero en conflicto podría tener problemas de traslape con la finca bananera la Cartagena y ésta no ha sido notificada ni apersonada al proceso. A efecto de no causar indefensión la Autoridad Judicial suspendió el reconocimiento. Mediante resolución de las nueve horas y veinte minutos del tres de noviembre del dos mil dieciséis, la Autoridad Judicial le hizo ver al accionante Fabio Soto Salazar si es su deseo contratar un perito debido a lo sucedido en el reconocimiento judicial, toda vez que no tiene claro las colindancias. La parte accionante en escrito de fecha 14 de noviembre del 2016 indica que en el expediente existe un peritaje el cual no identifica, por lo que la Autoridad Judicial le previno posteriormente indicar los folios a los que rola dicho peritaje, conforme se lo hizo ver el Banco Nacional de Costa Rica a efectos de referirse al mismo. La parte actora mediante escrito de fecha 15 de febrero del 2017, presenta consideraciones de orden técnico realizadas por él mismo, respecto a la diferencia que se dio en el campo, sin aportar estudio alguno y solicita se resuelva la medida cautelar. No obstante, lo solicitado nuevamente la Autoridad Judicial mediante la resolución de las quince horas y cuarenta y ocho minutos del veintitrés de febrero del año dos mil diecisiete le indica que no ha cumplido aún con lo prevenido mediante la resolución antes citada. El Banco Nacional de Costa Rica mediante escrito de fecha 02 de marzo de 2017 acreditó medio para recibir notificaciones, lo cual el despacho ya tiene acreditado. Conforme las diligencias detalladas anteriormente, hacemos ver que en efecto el señor Fabio Soto Salazar solicitó al despacho judicial una medida cautelar, pero la misma fue objeto de rechazo inicialmente y luego el Tribunal Agrario ordenó continuar con la prueba, siendo que la parte Actora no se interesó en colaborar para llevar a cabo el reconocimiento judicial, y una vez que el mismo se produce la Autoridad Judicial determina se deben determinar las colindancias por parte del Actor. Con ello se comprueba que en tal caso a la fecha no existe una medida cautelar decretada y firme a la fecha. Otro aspecto de gran relevancia citar la resolución de las “catorce horas y cincuenta y nueve minutos del cuatro de octubre de dos mil diecisiete”, mediante la cual el Juzgado Agrario del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica resolvió en el proceso judicial no. 07-160164-0507-AG-1 fundamentalmente lo siguiente: “…2) En cuanto a la integración de litis al Registro Nacional deberá el señor Soto Salazar aclarar si mantiene la demanda de integración de litis contra el Registro Público, misma que consta en autos a folios 2291 al 2293, o si por el contrario desiste de la misma como parece indicarlo en escrito de fecha ocho de abril de 2015 ()ver f: 23112). (…). “… Siendo que a la fecha aún no se ha dado traslado de la contrademanda hecha por el Codemandado Fabio Soto Salazar, de la Reconvención interpuesta, se confiere audiencia a LUIS ALBERTO GOMEZ ARAYA Y EL ESTADO, por el plazo de OCHO DIAS para que la conteste …” y ordena notificar a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA”. (…). “Finalmente, en cuanto a las medidas cautelares (ver fls: 2292 vto. 2310-2311) solicitadas por el señor Soto Salazar, las mismas se resolverán en auto separado. En cuanto a la acumulación del expediente número 15-000081-0507-Ag, que es una Medida Cautelar Anticipada interpuesta con posterioridad al presente proceso ordinario, no ha lugar por improcedente de acuerdo al momento procesal en que se encuentra dicho expediente que se pretende acumular al presente asunto”. A la fecha no se tiene conocimiento de los términos en que resolverá el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica sobre el fondo del asunto, hasta tanto se cuente con el dictado de la sentencia en favor o en contra de la Institución en el proceso de medida cautelar incoada y posteriormente en el proceso ordinario Agrario 07-160164-0507-AG-1 en virtud de la Reconvención presentada por el señor Fabio Soto Salazar, contra el Banco Nacional de Costa Rica. Mientras no exista una sentencia firme y que defina la situación, no puede esta representación tampoco garantizar el resultado positivo de la defensa realizada por el Banco, ni se tiene conocimiento a la fecha de las afectaciones al dominio del bien inmueble propiedad del Banco Nacional. Hacer ver que en efecto el bien inmueble puede ser objeto de compraventa haciéndole ver la institución al comprador en forma expresa la Anotación de demanda ordinaria que se encuentra establecida contra el Banco Nacional de Costa Rica, el estado actual y la respectiva anotación que consta a en el Registro Público de la Propiedad Inmueble; es la parte compradora la que una vez que se le informe la situación y tenga una copia del expediente en su poder, toma la decisión de si realiza la compraventa con la situación que presenta el bien inmueble. Cabe reiterar que sobre el bien inmueble a la fecha, no se encuentra dictada por parte del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, una resolución judicial que ordene una medida cautelar en dicho proceso. Si se encuentra una anotación de demanda ordinaria sobre la finca del partido de Limón matrícula 00103693-000 cuyas citas son el tomo 0800, asiento 00173055-01-0001-001, la cual inicia el 19 de diciembre del 2013. Finalmente indicar que en el expediente judicial no. 15-000081-0507-AG, mediante la resolución judicial de las 14:14 hrs. del 21 de junio del 2018, el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, fijó el día 13 de diciembre del año 2018 a efecto de realizar un Reconocimiento Judicial en la propiedad de previo a resolver sobre la solicitud de medida cautelar incoada por la parte actora. El oferente se compromete asesorarse con un abogado de su confianza, que este facultado para revisar el expediente judicial en el Despacho correspondiente, y le brinde criterio sobre el fondo de los procesos judiciales anteriormente indicados. El comprador debe asumir bajo su responsabilidad y riesgo las eventuales consecuencias que las pretensiones de dichas demandas podrían tener sobre la finca aludida, por lo que expresamente debe adquirir el inmueble aceptando implícitamente las resultas de los juicios o demandas anotadas registralmente, al tenor del artículo 468 del Código Civil; y, por ende, debe liberar de toda responsabilidad presente y futura al Banco Nacional de Costa Rica por esta circunstancia. En ese sentido, el comprador debe continuar estos procesos, liberando de cualquier responsabilidad al Banco Nacional de Costa Rica, dado que ha sido advertido expresamente sobre la existencia de estos litigios judiciales. A su vez, es importante indicar que el futuro comprador, será quien asuma el costo total por las gestiones necesarias dentro del proceso judicial, por ejemplo, la emisión de documentos, asesoría y demás trámites y requisitos inherentes en el proceso para realizar el estudio y la liberación de la(s) anotación/gravamen anteriormente indicado. Nota 4: Este bien se vende de contado o con financiamiento aplicando restricciones (respetando las políticas y procedimientos del Banco Nacional de Costa Rica), en el sentido que el cliente debe ser sujeto a crédito y la (s) garantía (s) que respaldan el financiamiento deben ser a entera satisfacción del Banco. En caso de que el bien en venta no sea apto para tomarse como garantía crediticia, el banco podrá solicitar garantías adicionales o independientes al bien en venta que sean a entera satisfacción del Banco para poder respaldar el crédito. Por otra parte, el Banco Nacional no garantiza ni asume responsabilidad por el tipo de uso del suelo de la propiedad que otorgue la municipalidad respectiva, tampoco garantiza el estado del inmueble. Cualquier tipo de trabajo que requiera el inmueble por problemas posteriores a la venta, serán responsabilidad única del comprador, por lo cual el mismo deberá aceptar los bienes en el estado físico y de conservación en que se encuentren. El Banco Nacional no garantiza los servicios públicos en la propiedad, ni el acceso a los mismos. Dado lo anterior, el oferente deberá inspeccionar la propiedad y de considerarlo necesario, hacer los estudios correspondientes para garantizar su uso físico, además de hacer las consultas a las municipalidades y entes públicos correspondientes para garantizar su uso de suelo y servicios públicos, según los necesite, así mismo, los permisos de construcción, en caso de que se requieran. Así mismo, el eventual interesado, debe presentar manifestación escrita, mediante la cual manifieste que acepta el inmueble en el estado de uso, conservación, posesión y condiciones en que se encuentra el mismo; dado que lo inspeccionó y verificó previamente, y con la presentación de la oferta acepta expresamente las condiciones del bien. Relevando al Banco Nacional de Costa Rica, funcionarios y/o empleados y al notario designado de toda responsabilidad presente y futura; así mismo renunciando a cualquier reclamo judicial y/o administrativo en contra del BNCR o de sus funcionarios; y reiterando que se encuentra plenamente apercibido de cada una de las condiciones, físicas y jurídicas del inmueble aquí relacionado, manifestando su plena conformidad y aceptación para adquirir el inmueble bajo las condiciones en las cuales se encuentra el mismo, las cuales se reitera fueron advertidas al oferente antes de presentar su oferta a ésta Institución. El costo de los timbres de traspaso e hipoteca que se calcularán y se cobrarán de acuerdo a lo que indique el registro nacional más el costo por la póliza de vida e incendio, más las debidas inspecciones al campo del profesional a cargo para la confección de la póliza de incendio (en caso de requerir), correrán por cuenta del adjudicatario.

Características

• Frente a calle pública
• Topografía plana
Ejecutivo(a)

Carlos Andrés Bonilla Graham

85633971
cbonillag@bncr.fi.cr
cbonillag@bncr.fi.cr

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Descripción

Se trata de una finca de vocación agropecuaria de forma irregular y de topografía plana, posee agua natural (yurro o crique) y calles internas, esta propiedad cuenta con frente a calle publica de lastre, para llegar al bien de debe cruzar rio, se necesita vehículo 4x4. Nota 1: La propiedad cuenta con trabajo topográfico, sin embargo, muchos de los mojones ya no se localizan en sitio y de acuerdo a los linderos existentes de la propiedad que se componen de cerca viva con alambre de púas, en algunos sectores la misma se encuentra dañada o inexistente, le corresponderá al eventual adjudicatario, las gestiones correspondientes para reponer las cercas, así como los gastos que esta gestión genere. Nota 3: Según avalúo la propiedad no tiene disponibilidad de los servicios públicos por lo que el eventual adjudicatario de la propiedad debe realizar las gestiones correspondientes para la instalación, (en caso de ser posible) de los servicios públicos, así como asumir los gastos que esta gestión genere. El Banco Nacional de Costa Rica vende este inmueble con base en el plano L-0645242, que está inscrito en Catastro y está relacionado con este inmueble, así como con el avalúo 214-70604010369300-2018-R realizado por Gilberto Vásquez Hernández y el cartel de venta. El comprador acepta el terreno con los linderos y las medidas señaladas en el cartel de venta, las cuales se indican en el avalúo supra indicado de la propiedad de acuerdo al plano catastrado y a lo que indica el estudio del Registro Nacional; cualquier diferencia de cabida existente contra la comprobación de campo, quedará a discreción del comprador realizar los trámites legales para su reposición o rectificación. El Banco Nacional advierte a los interesados en presentar oferta formal por el bien, que el inmueble matrícula folio real 7-103693-000, soporta el siguiente practicado el cual se encuentra inscrito bajo las citas 800-260243-01-0001-001, demanda ordinaria la cual se encuentra inscrito bajo las citas 800-173055-01-0001-001, Advertencia Administrativa se utilizan citas para consignar nota de advertencia finca 7-103693 VER EXP 2014-0536-RIM. A efecto de aclarar las inquietudes presentadas, nos referimos de la siguiente manera: Con relación al expediente no. 07-160-507-AG-1 se trata de “PROCESO AGRARIO ORDINARIO DE RESTITUCIÓN E INDEMNIZACIÓN DE UNA FINCA AGRARIA Y SOLICITUD DE EXPULSIÓN DE LOS SEÑORES FABIO SOTO SALAZAR, GERARDO SOSA MADRIGAL Y OTROS”, incoado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Pococí y Guácimo”. La Petitoria consiste en lo siguiente: “Acoger la presente demanda en todos sus extremos de RESTITUCIÓN E INDEMNIZACIÓN DE UNA FINCA AGRARIA, de lo antes expuesto y fundamentos legales dichos, que se le notifique a los denunciados señores Fabio Soto Salazar, Gerardo Sosa Madrigal y a la Licda. Lilliam Solano Cruz, Jorge Erick Castro Cerdas y Melania Vega Cordero, en las direcciones dichas. Solicito desde ahora una inspección ocular de la finca en conflicto por lo que solicito se dicte hora y fecha para tal diligencia. Asimismo téngase como mi representante Legal al Lic. Edwin René Hidalgo Somarribas, mayor, Abogado, carne 7272, cédula de identidad 1-600-621, Quién desde ahora acepta el cargo conferido. Asimismo, que se les condene al pago de los daños y perjuicios y ambas costas del proceso. ESTIMACIÓN DEL DAÑO Y PERJUICIO CAUSADO. (…) “de DOS MILLONES DE DÓLARES MONEDA ESTADOUNIDENSE DE CURSO LEGAL, sin perjuicio de actualizar una vez que haya obtenido sentencia firme”. La demanda versa sobre invasión de la finca del partido de Limón, matrícula de folio real No. 103693-000 e indica: “que de conformidad con el expediente judicial No.06-294-164-Ci, que es Proceso Sucesorio de Jorge Martínez Segura, el despacho autorizó la puesta en posesión de la finca del Partido de Limón, matrícula de folio real número 4790-000, que sita en el Distrito 02 Jiménez, cantón 02 Pococí al Albacea de la Sucesión señor Fabio Soto Salazar, y así mediante un croquis que se exhibe de la finca, y por boca del supuesto Albacea ponen en posesión a éste, en la finca del partido de Limón matrícula de folio real número 102693, que sita en el distrito 04 Río Jiménez, Cantón 06 Guácimo, propiedad de mi representada, aporto desde ahora copia de dicha resolución notarial, permitiendo dicha actuación de la Notaria Solano Cruz, que el señor Fabio Soto Salazar tomara parte de la finca de mi representada, ocasionándole un serio perjuicio a mi representada COSTA FLORES, ello en virtud de NO ESTAR AUTORIZADA POR EL JUZGADO CIVIL QUE CONOCE EL SUCESORIO (…)”. En dicho proceso el señor Fabio Soto Salazar contesta la demanda y Contrademanda en ese mismo proceso contra el Banco Nacional de Costa Rica en los siguientes términos. La relación de hechos indica: “1.- Consta de la contra-demanda inicial de este proceso y de toda la prueba pericial y documental que aporte, que la finca 103693-000 del partido de Limón, propiedad actualmente del BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, y adquirida mediante un remate que se efectúo ante la ejecución de una garantía hipotecaria que sobre ella había constituido la empresa COSTA FLORES S.A., nació como consecuencia de un traslape a la finca 4790-000 del partido de Limón de mi propiedad, durante la época que estuvo inscrita a nombre de mi transmitente JORGE MARTÍNEZ SEGURA. 2.- Desde que se inició este proceso constaba en el Registro Nacional, la existencia de la hipoteca mencionada a favor del Banco Nacional de Costa Rica, por la cual en la contrademanda se solicitó se le tuviese como parte a ese banco y se ordenara notificarle, lo cual éste despacho había omitido resolver hasta recientemente que anote la demanda sobre esa finca. 3.- El Banco Nacional de Costa Rica, puso en ejecución su crédito hipotecario dentro del expediente judicial 13-000276-1209-CJ del juzgado de Cobro Judicial de esta localidad, el cual se la adjudicó sin indicar que tenía que soportar la anotación de ésta demanda porque este Juzgado, según consta en autos no lo había ordenado pese a haberse solicitado desde hace varios años. 4.- La finca 4790-000 mencionada es una finca que nació con anterioridad a la del Banco Nacional de Costa Rica número 103693-000, y la inscripción del sector traslapado de la finca 4790-000 como parte de la finca 103693-000 es absolutamente nulo por estarse inscribiendo a nombre de un tercero, un inmueble ya inscrito con anterioridad, y recayendo en ese sentido sobre cosa ajena. 5.- El remate del sector traslapado de la finca 4790-000 dentro de la finca 103693-000, que se hizo en el Juzgado de Cobro antes mencionado, es absolutamente nulo, pues ese inmueble, cuando fue dado en garantía por COSTA FLORES S.A. al Banco Nacional de Costa Rica, no le pertenecía en cuanto a ese sector, y por lo tanto al suscrito, me corresponde el mejor derecho de poseer y de propiedad sobre ese sector de traslape, con respecto a la empresa COSTA FLROES S.A., y al BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. 6.- El Juzgado de cobro judicial autorizó la puesta en posesión de la mencionada finca 103693-000 (INCLUYENDO EL SECTOR TRASLAPADO) Y GIRÓ UNA ORDEN A LA Fuerza Pública, por lo cual corroí el riesgo de ser desalojado, de mi finca, mediante la puesta en posesión al banco de la misma, con un número producto de un traslape, hasta que el Tribunal Procesal Administrativo, ordenó a mi favor la medida Cautelar por la cual se ordenó suspender cualquier acto de puesta en posesión dentro del mencionado proceso cobratorio, medida cautelar que deberá ser acumulada en su oportunidad a este expediente judicial. 7.- Que siendo la Finca 4790-000 una finca antigua, que se inscribió en la época que no era exigido el plano catastrado, al inscribirse la finca 103693-000 con un plano catastrado que traslapa en parte la primera, le ha impedido a la finca 4790-000 actualizarse registrando un plano catastrado de su área según registro, y por lo tanto ha causado en ella una parálisis registral al impedirse la inscripción de todo tipo de movimientos y asientos registrales y catastrales, hasta tanto se registró un plano de la misma, la cual no se puede hacer hasta tanto se ordene la des inscripción registral y catastral del sector traslapado, que identifica el peritaje realizado por el ingeniero Juan Carlos Martínez Meléndez y que forma parte de este expediente judicial en las pruebas ofrecidas por el suscrito”. Contrademandó al Banco Nacional de Costa Rica por los hechos mencionados y de conformidad con el Código Procesal Contencioso Administrativo. Como Petitoria solicitó: “1. Se declare con lugar esta contrademanda, en todos sus extremos. 2. Se declare que el sector que traslapa la finca a nombre del Banco Nacional de Costa Rica 1036903-000 del partido de Limón de la finca de mi propiedad 4790-000 del Partido de Limón, es de mi propiedad y que tengo mejor derecho de poseer y como titular de dicho terreno y así se ordene inscribir. 3. Se ordene desinscribir registral y catastralmente el sector que traslapa la finca 103693-000 mencionada a la finca 4790 ordenándose en ese sentido al Catastro Nacional y al registro de Bienes Inmuebles la reducción del área que comprende el mencionado traslape del área registral y la nulidad del plano Catastrado sobre dicha finca 103693-000. 4. En caso de oposición se condene al Banco contrademandado al pago de ambas costas de esta acción. Se estima esta contrademanda en la suma de cuatrocientos millones de colones”. Concedida la audiencia de ley, el Banco Nacional de Costa Rica procedió a contestar la demanda incoada, procediendo a rechazar los hechos, y admitiendo que en efecto el Banco Nacional de Costa Rica se adjudicó el inmueble del partido de Limón bajo la matrícula de folio real no.103693-000, bajo el expediente no. 13-000276-1202 –CJ. Se hizo ver que no le consta al Banco las manifestaciones de la Actora sobre las gestiones judiciales que ha llevado a cabo en el proceso y tampoco le corresponde a la Institución referirse a ello. Se estableció respuesta a cada uno de los hechos y se establecieron las excepciones de Falta de Integración de Litis Consorcio Pasivo Necesario, solicitando que en virtud del Principio de Publicidad y sobre “el fondo del presente proceso, es un potencial daño al actor derivado de la situación registral y catastral de los inmuebles del Partido de Limón matrículas números 103.693-000 y 4790-0000, a efecto de determinar si realmente existe un traslape sobre los inmuebles , y en consecuencia, determinar la causa del mismo, y eventuales responsabilidades. Siendo que tanto el actor como el Banco alegan ostentar derechos reales de propiedad derivados de la Publicidad Registral, es necesario traer al proceso a la Institución que por ley tiene encomendado la inscripción de los derechos de propiedad sobre bienes inmuebles así como el sistema de catastro nacional”, se llame al proceso al Registro Público de la Propiedad de forma que aclare el tema de la doble inmatriculación de fincas, situación de fondo que sirve como nexo causal de la situación que se está conociendo en el proceso. Igualmente se interpuso las excepciones de Falta de Legitimación Ad Causam Activa y Causa de Legitimación Ad Causam Pasiva, Falta de derecho, por considerarse que no lleva razón el recurrente en cuanto al fondo del asunto. Como Petitoria se estableció. “a) Se tenga por contestada en forma negativa la presente demanda, por parte de mi representado. a) Se declare sin lugar en todos sus extremos la demanda incoada en contra del Banco Nacional de Costa Rica. b) Se declare al Banco Nacional de Costa Rica libre, y exento de toda responsabilidad, producto de la situación acaecida con las fincas objeto del presente proceso. c) Se condene al actor al pago de ambas costas de este proceso”. A la fecha el despacho no ha citado a audiencia de juicio en el proceso. Igualmente, con relación al asunto, posteriormente, mediante expediente judicial no. 15-000081-0507-AG en ese mismo despacho judicial, se tramita Medida Cautelar Anticipada, incoada por Fabio Soto Salazar, contra el Banco Nacional de Costa Rica. Mediante escrito de fecha 26 de septiembre del año 2015, el señor Fabio Soto Salazar estableció MEDIDA CAUTELAR AGRARIA PROVISIONALÍSIMA PRIMA FACIE contra el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, y solicitó expresamente: “… se ordene al BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, suspender cualquier acción judicial o extrajudicial que conlleve el desalojo del suscrito y de los empleados que en ella trabajan de la finca 4790-000 y que se encuentra materialmente según indica el catastro nacional en la ubicación que describe el plano de la finca 103693-0000 del partido de Limón del Banco Nacional de Costa Rica. Se me nombre depositario judicial de la finca 4790-000 y de la finca 103693-000, entendido que el área que ocupan las mismas se trata del mismo que describe el plano catastrado inscrito de la última. Se anote esta medida cautelar y se le ordene al Registro Nacional no inscribir documento alguno de traspaso sobre ninguna de esas dos fincas hasta que resuelva el proceso ordinario agrario que se planteara dentro del término de ley. Se le ordene al Banco Nacional de Costa Rica, abstenerse de realizar cualquier acto jurídico o material, que tienda a modificar la situación registral y material actual de las fincas”. En escrito de fecha 12 de mayo del año 2015, el Banco Nacional de Costa Rica procedió a contestar la solicitud de medida cautelar incoada. En esta ocasión, se rechazaron los hechos y se hizo ver la improcedencia de la medida cautelar, se solicitó contracautela conforme el artículo 7 de la Ley de cobro Judicial con relación al artículo 273 del Código Procesal Civil, y se solicitó se rechace en todos sus extremos la solicitud de medida cautelar. Se hizo ver que el trámite de la medida que se invoca corresponde su presentación en el expediente 07-160164-0507-AG y no en uno aparte como lo hace la actora, con desconocimiento del estado del mismo, ello conforme se desprende del hecho “2”)de la medida cautelar presentada. Se hizo ver a la Autoridad Judicial que sobre la finca ya pesa una anotación de demanda al tomo 800-173055-012-0001-001 en virtud del proceso Ordinario No. 07-160164-0507-AG en virtud del expediente, cuya fecha de inicio registra el 19 de septiembre del 2013. Mediante AUTO-SENTENCIA No.103-2015 de las ocho horas y veinte minutos del once de setiembre del dos mil quince, el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, resolvió RECHAZAR la solicitud de MEDIDA CAUTELAR, solicitada por FABIO SOTO SALAZAR contra el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. El accionante Soto Salazar presentó Recurso de Apelación ante el Tribunal Agrario, siendo que este mediante el Voto No. 1057-F-15 de las ocho horas y veintitrés minutos del diecinueve de octubre de dos mil quince, resolvió revocar la resolución apelada y en su lugar dispuso la continuación de diligencias de prueba anticipadas y medidas cautelares. La razón del rechazo fue por cuanto estimó la Autoridad Judicial que no hay elemento alguno de prueba que le permita determinar si sobre el inmueble en disputa existe o no actividad agraria que está desarrollándose. Aduce no se practicó el reconocimiento judicial respectivo por culpa del gestionante y por ello simplemente resuelve por el fondo lo solicitado rechazando la medida. No comparte el Tribunal la forma de resolver por cuanto prácticamente lo que está haciendo el juzgado es denegando el acceso a la justicia. Podría decirse indica la Autoridad Judicial “se trata de un rechazo de plano de lo solicitado”. El rechazo del Juez se produjo inicialmente por cuanto la parte actora no coordinó para realizar la inspección denegando diligencia en el asunto. Posterior a dicho voto mediante la resolución de las siete horas y cuarenta y ocho minutos del diecisiete de noviembre del dos mil quince, el Juzgado Agrario del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, fijó el día DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS A LAS NUEVE HORAS, para llevar a cabo el reconocimiento judicial. Igualmente, en este caso el Banco se presentó, pero la parte Actora tampoco coordinó. Posteriormente mediante la resolución de las ocho horas y diecisiete minutos del doce de abril del dos mil dieciséis el Juzgado Agrario antes citado, le concedió tres días a la parte Actora para que indique si tiene interés en señalar nueva hora y fecha para el reconocimiento. Contra dicha resolución el Banco Nacional de Costa Rica presentó recurso de revocatoria toda vez que en dos ocasiones ya el actor no coordina para la diligencia de reconocimiento, sin mostrar interés alguno, siendo que ello genera incerteza jurídica y produce gastos a las partes. El Juzgado Agrario del II Circuito Judicial rechazó el recurso, pero indicó tener por hechas las manifestaciones del Banco. En tal caso por haberlo solicitado la actora nuevamente fijó el VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS A LAS NUEVE HORAS, para llegar a cabo el reconocimiento judicial, nuevamente justificó impedimento para asistir la actora y el Juzgado fijó el CINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS A LAS NUEVE HORAS, para llevar a cabo el reconocimiento. El reconocimiento judicial se realizó y el Juez lo suspendió toda vez que el señor Fabio Soto Salazar no pudo identificar uno de los límites de la propiedad y además externó que el tercero en conflicto podría tener problemas de traslape con la finca bananera la Cartagena y ésta no ha sido notificada ni apersonada al proceso. A efecto de no causar indefensión la Autoridad Judicial suspendió el reconocimiento. Mediante resolución de las nueve horas y veinte minutos del tres de noviembre del dos mil dieciséis, la Autoridad Judicial le hizo ver al accionante Fabio Soto Salazar si es su deseo contratar un perito debido a lo sucedido en el reconocimiento judicial, toda vez que no tiene claro las colindancias. La parte accionante en escrito de fecha 14 de noviembre del 2016 indica que en el expediente existe un peritaje el cual no identifica, por lo que la Autoridad Judicial le previno posteriormente indicar los folios a los que rola dicho peritaje, conforme se lo hizo ver el Banco Nacional de Costa Rica a efectos de referirse al mismo. La parte actora mediante escrito de fecha 15 de febrero del 2017, presenta consideraciones de orden técnico realizadas por él mismo, respecto a la diferencia que se dio en el campo, sin aportar estudio alguno y solicita se resuelva la medida cautelar. No obstante, lo solicitado nuevamente la Autoridad Judicial mediante la resolución de las quince horas y cuarenta y ocho minutos del veintitrés de febrero del año dos mil diecisiete le indica que no ha cumplido aún con lo prevenido mediante la resolución antes citada. El Banco Nacional de Costa Rica mediante escrito de fecha 02 de marzo de 2017 acreditó medio para recibir notificaciones, lo cual el despacho ya tiene acreditado. Conforme las diligencias detalladas anteriormente, hacemos ver que en efecto el señor Fabio Soto Salazar solicitó al despacho judicial una medida cautelar, pero la misma fue objeto de rechazo inicialmente y luego el Tribunal Agrario ordenó continuar con la prueba, siendo que la parte Actora no se interesó en colaborar para llevar a cabo el reconocimiento judicial, y una vez que el mismo se produce la Autoridad Judicial determina se deben determinar las colindancias por parte del Actor. Con ello se comprueba que en tal caso a la fecha no existe una medida cautelar decretada y firme a la fecha. Otro aspecto de gran relevancia citar la resolución de las “catorce horas y cincuenta y nueve minutos del cuatro de octubre de dos mil diecisiete”, mediante la cual el Juzgado Agrario del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica resolvió en el proceso judicial no. 07-160164-0507-AG-1 fundamentalmente lo siguiente: “…2) En cuanto a la integración de litis al Registro Nacional deberá el señor Soto Salazar aclarar si mantiene la demanda de integración de litis contra el Registro Público, misma que consta en autos a folios 2291 al 2293, o si por el contrario desiste de la misma como parece indicarlo en escrito de fecha ocho de abril de 2015 ()ver f: 23112). (…). “… Siendo que a la fecha aún no se ha dado traslado de la contrademanda hecha por el Codemandado Fabio Soto Salazar, de la Reconvención interpuesta, se confiere audiencia a LUIS ALBERTO GOMEZ ARAYA Y EL ESTADO, por el plazo de OCHO DIAS para que la conteste …” y ordena notificar a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA”. (…). “Finalmente, en cuanto a las medidas cautelares (ver fls: 2292 vto. 2310-2311) solicitadas por el señor Soto Salazar, las mismas se resolverán en auto separado. En cuanto a la acumulación del expediente número 15-000081-0507-Ag, que es una Medida Cautelar Anticipada interpuesta con posterioridad al presente proceso ordinario, no ha lugar por improcedente de acuerdo al momento procesal en que se encuentra dicho expediente que se pretende acumular al presente asunto”. A la fecha no se tiene conocimiento de los términos en que resolverá el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica sobre el fondo del asunto, hasta tanto se cuente con el dictado de la sentencia en favor o en contra de la Institución en el proceso de medida cautelar incoada y posteriormente en el proceso ordinario Agrario 07-160164-0507-AG-1 en virtud de la Reconvención presentada por el señor Fabio Soto Salazar, contra el Banco Nacional de Costa Rica. Mientras no exista una sentencia firme y que defina la situación, no puede esta representación tampoco garantizar el resultado positivo de la defensa realizada por el Banco, ni se tiene conocimiento a la fecha de las afectaciones al dominio del bien inmueble propiedad del Banco Nacional. Hacer ver que en efecto el bien inmueble puede ser objeto de compraventa haciéndole ver la institución al comprador en forma expresa la Anotación de demanda ordinaria que se encuentra establecida contra el Banco Nacional de Costa Rica, el estado actual y la respectiva anotación que consta a en el Registro Público de la Propiedad Inmueble; es la parte compradora la que una vez que se le informe la situación y tenga una copia del expediente en su poder, toma la decisión de si realiza la compraventa con la situación que presenta el bien inmueble. Cabe reiterar que sobre el bien inmueble a la fecha, no se encuentra dictada por parte del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, una resolución judicial que ordene una medida cautelar en dicho proceso. Si se encuentra una anotación de demanda ordinaria sobre la finca del partido de Limón matrícula 00103693-000 cuyas citas son el tomo 0800, asiento 00173055-01-0001-001, la cual inicia el 19 de diciembre del 2013. Finalmente indicar que en el expediente judicial no. 15-000081-0507-AG, mediante la resolución judicial de las 14:14 hrs. del 21 de junio del 2018, el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, fijó el día 13 de diciembre del año 2018 a efecto de realizar un Reconocimiento Judicial en la propiedad de previo a resolver sobre la solicitud de medida cautelar incoada por la parte actora. El oferente se compromete asesorarse con un abogado de su confianza, que este facultado para revisar el expediente judicial en el Despacho correspondiente, y le brinde criterio sobre el fondo de los procesos judiciales anteriormente indicados. El comprador debe asumir bajo su responsabilidad y riesgo las eventuales consecuencias que las pretensiones de dichas demandas podrían tener sobre la finca aludida, por lo que expresamente debe adquirir el inmueble aceptando implícitamente las resultas de los juicios o demandas anotadas registralmente, al tenor del artículo 468 del Código Civil; y, por ende, debe liberar de toda responsabilidad presente y futura al Banco Nacional de Costa Rica por esta circunstancia. En ese sentido, el comprador debe continuar estos procesos, liberando de cualquier responsabilidad al Banco Nacional de Costa Rica, dado que ha sido advertido expresamente sobre la existencia de estos litigios judiciales. A su vez, es importante indicar que el futuro comprador, será quien asuma el costo total por las gestiones necesarias dentro del proceso judicial, por ejemplo, la emisión de documentos, asesoría y demás trámites y requisitos inherentes en el proceso para realizar el estudio y la liberación de la(s) anotación/gravamen anteriormente indicado. Nota 4: Este bien se vende de contado o con financiamiento aplicando restricciones (respetando las políticas y procedimientos del Banco Nacional de Costa Rica), en el sentido que el cliente debe ser sujeto a crédito y la (s) garantía (s) que respaldan el financiamiento deben ser a entera satisfacción del Banco. En caso de que el bien en venta no sea apto para tomarse como garantía crediticia, el banco podrá solicitar garantías adicionales o independientes al bien en venta que sean a entera satisfacción del Banco para poder respaldar el crédito. Por otra parte, el Banco Nacional no garantiza ni asume responsabilidad por el tipo de uso del suelo de la propiedad que otorgue la municipalidad respectiva, tampoco garantiza el estado del inmueble. Cualquier tipo de trabajo que requiera el inmueble por problemas posteriores a la venta, serán responsabilidad única del comprador, por lo cual el mismo deberá aceptar los bienes en el estado físico y de conservación en que se encuentren. El Banco Nacional no garantiza los servicios públicos en la propiedad, ni el acceso a los mismos. Dado lo anterior, el oferente deberá inspeccionar la propiedad y de considerarlo necesario, hacer los estudios correspondientes para garantizar su uso físico, además de hacer las consultas a las municipalidades y entes públicos correspondientes para garantizar su uso de suelo y servicios públicos, según los necesite, así mismo, los permisos de construcción, en caso de que se requieran. Así mismo, el eventual interesado, debe presentar manifestación escrita, mediante la cual manifieste que acepta el inmueble en el estado de uso, conservación, posesión y condiciones en que se encuentra el mismo; dado que lo inspeccionó y verificó previamente, y con la presentación de la oferta acepta expresamente las condiciones del bien. Relevando al Banco Nacional de Costa Rica, funcionarios y/o empleados y al notario designado de toda responsabilidad presente y futura; así mismo renunciando a cualquier reclamo judicial y/o administrativo en contra del BNCR o de sus funcionarios; y reiterando que se encuentra plenamente apercibido de cada una de las condiciones, físicas y jurídicas del inmueble aquí relacionado, manifestando su plena conformidad y aceptación para adquirir el inmueble bajo las condiciones en las cuales se encuentra el mismo, las cuales se reitera fueron advertidas al oferente antes de presentar su oferta a ésta Institución. El costo de los timbres de traspaso e hipoteca que se calcularán y se cobrarán de acuerdo a lo que indique el registro nacional más el costo por la póliza de vida e incendio, más las debidas inspecciones al campo del profesional a cargo para la confección de la póliza de incendio (en caso de requerir), correrán por cuenta del adjudicatario.

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